El Comité de Competición desestima las alegaciones del Úbeda Viva
El escrito realizado esta semana por la Directiva del CD Úbeda Viva no ha surtido efecto. El Comité de Competición desestima las alegaciones del club, que tendrá que cumplir con una serie de sanciones de peso para el próximo encuentro.
Así las cosas, David Vélez, David Molina, Francisco Muñoz y Santi Fernández, deberán cumplir un partido de suspensión este domingo frente al Huelma en casa (San Miguel, 19.00 horas), al igual que el técnico Vicente Jesús Jiménez y el delegado Francisco Simón Romero.
La resolución es la siguiente:
PRIMERO.- Debe hacerse referencia, en primer lugar, a las normas federativas que se refieren a la función que han de cumplir los árbitros durante los encuentros. En este sentido, citaremos el artículo 236 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el cual, en su primer párrafo, establece que el árbitro es la autoridad deportiva única e inapelable, en el orden técnico, para dirigir los partidos. Añade esta misma disposición que entre sus obligaciones está la de amonestar o expulsar, según la importancia de la falta, a todo futbolista que observe conducta incorrecta o proceda de modo inconveniente y asimismo a entrenadores, auxiliares y demás personas reglamentariamente afectadas (artículo 237, párrafo 2, apartado e)); así como la de redactar de forma fiel, concisa, clara, objetiva y completa, el acta del encuentro, así como los informes ampliatorios que estime oportunos, remitiendo, con la mayor urgencia y por el procedimiento más rápido, una y otros, a las entidades y organismos competentes (artículo 238, apartado b). Sobre el valor probatorio de estas actas, el artículo 27 del Código Disciplinario de la RFEF cuando señala que las mismas;constituyen medio documental necesario en el conjunto de la prueba de las infracciones a las reglas y norma deportivas (párrafo 1). Y añade que en la apreciación de las infracciones referentes a la disciplina deportiva, las decisiones del árbitro sobre hechos relacionados con el juego son definitivas presumiéndose ciertas, salvo error material manifiesto (párrafo 3). Este debe ser, y no otro, el punto de partida de esta resolución y de la decisión que haya de adoptarse: las actas arbitrales gozan de una presunción de veracidad iuris tamtum, que podrá ser, en consecuencia, desvirtuada cuando se pruebe la existencia de un error material manifiesto. El art. 154 del RG de la RFAF expresa que: El árbitro es la autoridad deportiva de orden técnico única e inapelable para dirigir los partidos. Además el art. 82 del CJD de la RFAF establece que: 1. Las actas suscritas por los árbitros, constituyen junto al informe del Delegado Federativo, si lo hubiera, el medio documental necesario, en el conjunto de la prueba, de las infracciones a las reglas de juego y normas deportivas. Igual naturaleza tendrán las ampliaciones a la misma, por hechos acaecidos con ulterioridad a su redacción, y las aclaraciones de los particulares contenidas en ella, suscrita por los propios árbitros, bien de oficio o a solicitud del Órgano Disciplinario competente. 2. En la apreciación de las faltas referentes a la disciplina deportiva, las actas y demás documentos arbitrales, a que se refiere el exponente anterior de este artículo, en los términos fijados en el mismo, se presumen ciertas, salvo error material o prueba en contrario que, al menos genere duda racional suficiente, respecto de la veracidad de su contenido, al Órgano Disciplinario competente;.
SEGUNDO.- Esto es precisamente lo que deberán tener en cuenta los órganos disciplinarios federativos cuando, en el ejercicio de su función de supervisión, adopten acuerdos que invaliden las decisiones adoptadas por el árbitro y reflejadas en las actas arbitrales. Esta posibilidad, sin embargo, se circunscribe a supuestos muy determinados. En general, no será posible revocar una decisión arbitral invocando una discrepancia en la interpretación de las Reglas del Juego, cuya competencia única, exclusiva y definitiva corresponde precisamente al colegiado según lo establecido por el artículo 111.3 del Código Disciplinario federativo (154 RG RFAF). Únicamente si se aportase una prueba concluyente que permitiese afirmar la existencia del mencionado error material manifiesto, debido a la inexistencia del hecho que ha quedado reflejado en el acta o a la patente arbitrariedad de la decisión arbitral, quebrará la presunción de veracidad de la que gozan las actas arbitrales a tenor de lo dispuesto en el art. 82 del mencionado Código de Justicia de la RFAF.
TERCERO.- La doctrina de los órganos disciplinarios de esta RFAF y del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) respaldan las anteriores afirmaciones. Todos ellos han resuelto de manera clara en diferentes Resoluciones la necesidad de que las pruebas aportadas demuestren de manera concluyente el error manifiesto del árbitro. Puede citarse en este sentido la Resolución del TAD de 29 de septiembre de 2017 (Expediente 302/2017), que afirmó que cuando el referido artículo 27 del Código Disciplinario de la RFEF señala que las decisiones arbitrales sobre hechos relacionados con el juego son definitivas presumiéndose ciertas, salvo error material manifiesto está permitiendo que el principio de invariabilidad (definitiva) del que goza la decisión arbitral en favor de la seguridad jurídica, en este caso, de las Reglas del Juego, pueda sin embargo mitigarse cuando concurriese un error material manifiesto, en cuanto modalidad o subespecie del error material, es decir que se trate, como ha señalado el Tribunal Constitucional, cuando se ha referido a este término en las leyes procesales (Vid. Artículos 214.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 267.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), de un error claro o patente, independientemente de toda opinión, valoración, interpretación o calificación jurídica que pueda hacerse.
CUARTO.- Con el objeto de atacar la veracidad las decisiones incluidas en el acta arbitral, el recurrente debe proporcionar al órgano disciplinario pruebas adecuadas y suficientes para demostrar la existencia de un error material manifiesto. En este sentido, es también doctrina reiterada del TAD la que declara la plena validez de la prueba videográfica como instrumento probatorio apto para desvirtuar el contenido del acta arbitral. Por su parte, corresponde al órgano disciplinario federativo, en este caso a este Comité de Competición, la obligación de visionar y valorar el contenido de la grabación a fin de comprobar si el mismo se corresponde o no con las alegaciones del recurrente. En definitiva, sólo la prueba de un error material manifiesto quebraría la presunción de veracidad de la que goza el acta arbitral y permitiría dejar sin efecto la el relato arbitral.
QUINTO.- Este Comité de Competición considera que dicha quiebra no se da en este caso. Así, tras analizar las alegaciones presentadas por el club y de visionar la prueba videográfica aportada, sólo puede concluir que las mismas, que muestran es compatible con la descripción de los hechos que efectúa el colegiado en el acta del encuentro. En consecuencia, no se aprecia el error material manifiesto invocado como fundamento de las alegaciones del club. Resulta imposible distinguir, debido a la mala calidad de las imágenes el supuesto error que comete el colegiado en la identidad de los expulsados. Además el video se encuentra editado, y como bien es sabido hay que hacer entrega del mismo de forma íntegra y sin cortes ni ediciones. No se demuestra, en definitiva, que el relato del árbitro sea erróneo, por lo que este Comité de Competición no puede sustituir la apreciación del colegiado, llegando a la conclusión de que ha habido en efecto un error material manifiesto. Para ello es necesario que se demuestre la existencia de un error claro o patente, independientemente de toda opinión, valoración, interpretación o calificación jurídica que pueda hacerse, circunstancias que no se da en este caso. Esto es, no basta con una explicación alternativa de los hechos en cuestión. Por tanto, procede la desestimación de las alegaciones y la imposición de las consecuencias disciplinarias de las acciones señaladas en el acta arbitral.